Pacto de «Punto Fijo» 1958. Texto disponible en http://www.analitica.com/bitblioteca/venezuela/punto_fijo.asp

Fecha de consulta: 28 de febrero 2001

 

Los partidos Acción Democrática, Social Cristiano Copei y Unión Republicana Democrática, previa detenida y ponderada consideración de todos los elementos que integran la realidad histórica nacional y la problemática electoral del país, y ante la responsabilidad de orientar la opinión pública para la consolidación de los principios democráticos, han llegado a un pleno acuerdo de unidad y cooperación sobre las bases y mediante las consideraciones siguientes:

1a Como es del conocimiento público, durante varios meses las distintas fuerzas políticas que han participado en las acciones unitarias para la defensa del régimen democrático han mantenido conversaciones destinadas a asegurar la inteligencia, mutuo respeto y cooperación entre ellas, interesadas por igual en la consolidación de la unidad y la garantía de la tregua política, sin perjuicio de la autonomía organizativa y caracterización ideológica de cada uno, conforme se declaró expresamente en el acta de ampliación de la Junta Patriótica firmada el 25 de enero de 1958 por los partidos políticos que la integraban inicialmente. El resultado obtenido es favorable, toda vez que las naturales divergencias entre los partidos, tan distintas de unanimismo impuesto por el despotismo, se han canalizado dentro de pautas de convivencia que hoy más que nunca es menester ampliar y garantizar. El análisis cabal de los antecedentes, de las características actuales y de las perspectivas de nuestro movimiento democrático, la ponderación comprensiva de los intereses legítimamente representados por los partidos a nombre de los centenares de miles de sus militantes; el reconocimiento de la existencia de amplios sectores independientes que constituyen factor importante de la vida nacional; el respaldo de las Fuerzas Armadas al proceso de afirmación de la República como elemento institucional del Estado sometido al control de las autoridades constitucionales, y el firme propósito de auspiciar la unión de todas las fuerzas ciudadanas en el esfuerzo de lograr la organización de la Nación venezolana, han estado presentes en el estudio de las diferentes fórmulas propuestas. La sincera definición y defensa de los derechos que asisten a los partidos como representantes de grandes núcleos nacionales y la preocupación común de atender en conjunto a los intereses perdurables de la Nación, si bien han podido en forma ocasional provocar la generosa impaciencia de calificados valores de la opinión, son la garantía de que las deliberaciones han respondido a un serio y responsable enfoque de las urgencias del país.

2a Las minuciosas y largas conversaciones han servido para comprometer a las organizaciones unitarias en una política nacional de largo alcance, cuyos dos polos podemos definir así: a) seguridad de que el proceso electoral y los Poderes Públicos que de él van a surgir respondan a las pautas democráticas de la libertad efectiva del sufragio; y b) garantía de que el proceso electoral no solamente evite la ruptura del frente unitario, sino que lo fortalezca mediante la prolongación de la tregua política, la despersonalización del debate, la erradicación de la violencia interpartidista y la definición de normas que faciliten la formación del Gobierno y de los cuerpos deliberantes de modo que ambos agrupen equitativamente a todos los sectores de la sociedad venezolana interesados en la estabilidad de la República como sistema popular de Gobierno.

3a Establecidos esos principios de carácter general, COPEI, AD y URD comprometen su acción y responsabilidad en los términos siguientes:

  1. Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral. Las elecciones determinarán la responsabilidad en el ejercicio de los Poderes Públicos, durante el periodo constitucional 1959-1964; intervención de la Fuerza contra las autoridades surgidas de las votaciones es delito contra la Patria. Todas las organizaciones políticas están obligadas a actuar en defensa de las autoridades constitucionales en caso de intentarse o producirse un golpe de Estado, aun cuando durante el transcurso de los cinco años las circunstancias de la autonomía que se reservan dichas organizaciones hayan podido colocar a cualquiera de ellas en la oposición legal y democrática al Gobierno. Se declara el cumplimiento de un deber patriótico la resistencia permanente contra cualquier situación de fuerza que pudiese surgir de un hecho subversivo y su colaboración con ella también como delito de lesa patria.
  2. Gobierno de Unidad Nacional. Si bien el ejercicio del Poder por un partido es consecuencia legítima de una mayoría electoral, la suerte de la democracia venezolana y la estabilidad del Estado de derecho entre nosotros imponen convertir la unidad popular defensiva en gobierno unitario cuando menos por tanto tiempo como perduren los factores que amenazan el ensayo republicano iniciado el 23 de enero; el gobierno de Unidad Nacional es el camino para canalizar las energías partidistas y evitar una oposición sistemática que debilitaría el movimiento democrático. Se deja claramente sentado que ninguna de las organizaciones signatarias aspira ni acepta hegemonía en el Gabinete Ejecutivo, en el cual deben estar representadas las corrientes políticas nacionales y los sectores independientes del país, mediante una leal selección de capacidades.
  3. Programa mínimo común. Para facilitar la cooperación entre las organizaciones políticas durante el proceso electoral y su colaboración en el Gobierno Constitucional los partidos signatarios acuerdan concurrir a dicho proceso sosteniendo un programa mínimo común, cuya ejecución sea el punto de partida de una administración nacional patriótica y del afianzamiento de la democracia como sistema. Dicho programa se redactará por separado, sobre las bases generales, ya convenidas, y se considerará un anexo del presente acuerdo. Como este programa no excluye el derecho de las organizaciones políticas a defender otros puntos no comprendidos en él, se acuerda para estos casos la norma siguiente: ningún partido unitario incluirá en su programa particular puntos contrarios a los comunes del programa mínimo y, en todo caso, la discusión pública en los puntos no comunes se mantendrá dentro de los límites de la tolerancia y del mutuo respeto a que obligan los intereses superiores de la unidad popular y de la tregua política.

4a El ideal de la unidad como instrumento de lucha contra la tiranía y contra las fuerzas en aptitud de reagruparse para auspiciar otra aventura despótica, sería la selección de un candidato presidencial democrático único, la formación de planchas únicas para los cuerpos colegiados y la formación de un frente único a base de un solo programa integral de Gobierno.

En la práctica se ha evidenciado que diversos factores reales contradicen esa perspectiva histórica, mas, afortunadamente, hay otros medios idóneos de preservar la Unidad Nacional. Por consiguiente, lejos de considerar comprometida la unidad por la comprobación de naturales contradicciones interpartidistas que se corresponden con la esencia de la actividad democrática, las organizaciones signatarias después de confrontar sus distintas opiniones entre sí y con las emitidas por voceros independientes autorizados, de la prensa y de otros factores nacionales define:

  1. Los requerimientos de la unidad son compatibles con la eventualidad de diversas candidaturas y planchas legislativas.
  2. Para que la presentación de varias candidaturas presidenciales y diversas planchas legislativas pueda verificarse sin menoscabo de la unidad y sin ruptura de la tregua interpartidista, es indispensable fortalecer el sentimiento de común interés patriótico y la tolerancia y mutuo respeto entre las fuerzas unitarias, base de lo cual debe ser la sincera y solemne adhesión de todas las fuerzas democráticas a los puntos contenidos en esta declaración y al espíritu que la anima, tal como hoy se consagra con la firma de este documento.
  3. Para garantizar la tregua política y la convivencia unitaria de las organizaciones democráticas, se crea una Comisión Interpartidista de Unidad encargada de vigilar el cumplimiento de este acuerdo. Dicha Comisión estará encargada de orientar la convivencia interpartidista, de conocer las quejas que se produzcan contra las desviaciones personalistas o sectarias en la campana electoral y de diligenciar ante cualquiera de los signatarios, y a nombre de todos, la morigeración y control en lo que pudiera comprometer la convivencia democrática.

5a Para garantizar que varias postulaciones presidenciales y varias planchas legislativas sean en todo momento expresiones de la voluntad nacional de celebrar elecciones que en definitiva se traduzcan en fortalecimiento de la democracia, se proclama:

  1. Cada organización queda en libertad de sustentar su propio candidato presidencial y sus propias planchas para los cuerpos colegiados dentro del concepto de unidad aquí consagrado y en el sentido de que garanticen la tolerancia mutua durante la campaña y el cumplimiento de los compromisos generales convenidos en esta declaración cualquiera que sea la candidatura o plancha que obtuviera mayor número de votos.
  2. Todos los votos emitidos a favor de las diversas candidaturas democráticas, serán considerados como votos unitarios y la suma de los votos por los distintos colores como una afirmación de la voluntad popular a favor del régimen constitucional y de la consolidación del Estado de derecho.
  3. La postulación de los candidatos presidenciales y de las planchas legislativas es de la responsabilidad de cada partido o coalición. Será el pueblo elector a quien le corresponda calificar con el voto cualquier postulación.
  4. Los partidos que suscriben este documento garantizan la adhesión de los principios y normas aquí consagrados de sus respectivos candidatos a la Presidencia de la República.
  5. Los partidos signatarios se comprometen a realizar una campaña positiva de afirmación de sus candidatos y programas dentro del espíritu de la unidad, evitando planteamientos y discusiones que pueden precipitar la pugna interpartidista, la desviación personalista del debate y divisiones profundas que luego pudieran comprometer la formación del Gobierno de Unidad Nacional.
  6. Después de publicado el resultado oficial de las elecciones, tendrá lugar en Caracas un gran acto popular encargado de ratificar los siguientes principios:
    1. Pública adhesión de todas las organizaciones y candidatos participantes al resultado de las elecciones, como expresión de la soberana voluntad popular.
    2. Ratificación por parte de las organizaciones signatarias de su sincero propósito de respaldar al Gobierno de Unidad Nacional, al cual prestarán leal y democrática colaboración.

Consideran las organizaciones signatarias que la adhesión de todas las fuerzas políticas a los principios y puntos fijados en esta declaración es una garantía eficaz para el ejercicio del derecho electoral democrático dentro de un clima de unidad. La cooperación de los organismos profesionales gremiales, cívicos y culturales, de la prensa y de personalidades independientes, con los fines así precisados, consolidarán la convivencia nacional y permitirán el desarrollo de una constitucionalidad estable que tenga en sus bases la sinceridad política, el equilibrio democrático, la honestidad administrativa y la norma institucional que son la esencia de la voluntad patriótica del pueblo venezolano. Como este acuerdo no fija principio o condición contrarios al derecho de las otras organizaciones existentes en el país, y su leal cumplimiento no limita ni condiciona el natural ejercicio por ellas de cuantas facultades pueden y quieren poner al servicio de las altas finalidades perseguidas, se invita a todos los organismos democráticos a respaldar, sin perjuicio de sus concepciones específicas, el esfuerzo comprometido en pro de la celebración del proceso electoral en un clima que demuestre la aptitud de Venezuela para la práctica ordenada y pacífica de la democracia.

Caracas, 31 de octubre de 1958

Por Unión Republicana Democrática,
Jóvito Villalba.
Ignacio Luis Arcaya.
Manuel López Rivas.

Por el Partido Social Cristiano Copei,
Rafael Caldera.
Pedro del Corral.
Lorenzo Fernández.
Por
Acción Democrática,
Rómulo Betancourt.
Raúl Leoni.
Gonzalo Barrios.


Venezuela Analítica, Lunes, 29 de enero de 2001

http://www.analitica.com/va/politica/opinion/2966108.asp

Fecha de consulta: 4 de febrero 2001

 

 

 

 

Política - Opinión y análisis
A 42 años del Pacto de Punto Fijo (31 de octubre de 1958)
El puntofijismo

El Pacto de Punto Fijo representó el paso de la política venezolana del canibalismo al consenso entre los partidos políticos. Desde ese momento mucha agua corrió por los ríos. Este 42º aniversario es el momento de una reflexión.

Ysrrael Camero

Martes, 31 de octubre de 2000

Hay años que son claves en la historia de Venezuela. El primero de los cuales podría ser 1810, cuando se inicia un proceso que se salió de las manos de sus primeros protagonistas y tuvo consecuencias insospechadas, y no buscadas, para las elites de poder en el país.

La segunda fecha puede ser 1830, cuando, tras una cantidad de encuentros y desencuentros se disuelve Colombia, aparece Venezuela y muere Bolívar. El año de 1858 es, igualmente, clave en nuestro desarrollo, se vuelve a encender la mecha social de nuestras guerras civiles luego del Monagato. Luego de un fraude electoral, 1898 representa el derrumbe definitivo del Gran Partido Liberal Amarillo y de toda la generación que creció bajo su sombra.

Cuatro décadas después la lucha urbana y popular definiría, en 1936 (otro de los años claves), la agenda popular, ideológica y partidista de la Venezuela Contemporánea. De idéntica manera el año de 1945 es definitivo en nuestro devenir, como ya hemos intentado presentar en un artículo anterior, una sucesión presidencial frustrada y un afán de reformas profundas sumado a una buena cucharada de ambiciones llevarán, por medio de un Golpe de Estado, a unos jóvenes "no invitados" a la mesa del poder.

Pero hay un año que es particularmente clave para entender la contemporaneidad criolla venezolana, 1958 se inicia con un intento de golpe de Estado contra el régimen de Marcos Pérez Jiménez y termina con la elección de Rómulo Betancourt como Presidente de la República. La complejidad y juego de poderes y tendencias que durante ese año se ponen en juego y su resolución determinará el destino de la democracia representativa durante los próximos cuarenta años.

Por un lado, el derrumbe de Marcos Pérez Jiménez, al contrario de lo que generalmente se piensa, no derivó inmediatamente en un régimen civil democrático y en un repliegue de las Fuerzas Armadas de la política. Por el otro, no todas las tendencias que derriban a Pérez Jiménez querían instaurar un régimen representativo democrático.

El conflicto esencial que determina las alianzas y las tensiones del año 1958 se generó entre los militares y los civiles. Aquellos que finalmente derriban a Pérez Jiménez son militares, algunos de los cuales seguían prefiriendo un gobierno de las Fuerzas Armadas al “desorden” democrático del trienio 1945-1948.

El regreso de los distintos líderes de los Partidos Políticos, Rafael Caldera (COPEI), Jóvito Villalba (URD), Rómulo Betancourt (AD), Gustavo Machado (PCV) los coloca en una situación distinta a la que se habían enfrentado la década anterior. De idéntica manera, los jóvenes que coordinaron la Resistencia contra la dictadura perezjimenista, pronto tendrían su conflicto con la Vieja Guardia. Pero los conflictos generacionales tendrían que esperar; la resolución de una tensión más peligrosa y más urgente tenía que ser certera y medida; el tránsito a la democracia no estaba asegurado.

El año de 1958 se caracterizó por diversos intentos de Golpes de Estado contra la Junta de Gobierno, una gran cantidad de tensiones llevaron a cambiar la primera Junta a pocas horas de su instalación. La incorporación de dos elementos demasiado cercanos a Pérez Jiménez, calificados de esbirros, fue rechazada por la Junta Patriótica y por aquellos que acompañaban a Hugo Trejo. Los dos personajes fueron excluidos de la Junta y se incorpora a Eugenio Mendoza, empresario, en la misma. El Ministro de la Defensa, Jesús María Castro León se alza en el Cuartel San Carlos, el pueblo en la calle, manifestaciones a favor de la democracia, evita que se consuma el retroceso. Diversos Golpes de Estado llevan a dudar de la estabilidad del Gobierno, los líderes políticos intentan moderar y calmar los ánimos de la población. Ciertos miembros de las elites militares pretenden pescar en río revuelto y alzarse con el poder. Hugo Trejo, prácticamente, es expulsado del país.

Los peligros concretos y permanentes de una regresión militar llevan a la formación de un Frente civil para encauzar el camino a la normalización democrática. Las elecciones son programadas para diciembre, pero no muchos apostaban por su realización en condiciones normales. Una nueva insurrección frustrada de Moncada Vidal enciende las alarmas de los dirigentes políticos civiles.

Es en este contexto que se firma el Pacto de Punto Fijo. El nombre de los firmantes es importante para entender el proceso que los transformó: por Acción Democrática firmaron Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Gonzalo Barrios. Por Unión Republicana Democrática: Jóvito Villalba, Ignacio Luis Arcaya, y Manuel López Rivas. Por el Partido Social Cristiano COPEI, Rafael Caldera, Pedro del Corral y Lorenzo Fernández.

Rómulo había cambiado mucho desde que, entre 1945 y 1948, había dirigido la Junta Revolucionaria de Gobierno, ya no era más ese joven político radical de izquierda que hizo temblar a las elites conservadoras del país. Betancourt vuelve moderado, sus palabras son reveladoras: "nunca más el canibalismo político en este país". El principal líder de Acción Democrática no quería cometer los errores que habían acabado con la Revolución de Octubre. Durante todo el año de 1958 Rómulo buscó limar asperezas con los dos grupos que más fuertemente lo adversaban: los empresarios y los militares. Se dedicó además a consolidar su poder dentro de un partido que se le había ido de las manos, los jóvenes de Acción Democrática, demasiado cercanos a los comunistas para el gusto de Betancourt, fueron aislados dentro de la organización. Rómulo era uno de los primeros interesados en estabilizar el régimen democrático. Betancourt dialogaba. Betancourt ya no era el mismo.

La oposición más reaccionaria que tuvieron los adecos durante el trienio octubrista estaba liderada por Rafael Caldera y por COPEI. Caldera mezclaba dentro de su organización los elementos más conservadores de la sociedad venezolana: lopecistas, antiguos seguidores de la Falange de Primo de Rivera, y lo más rancio del clero. COPEI durante el trienio era el partido conservador por excelencia. Llevaron a cabo una campaña implacable contra el régimen adeco colaborando sustancialmente con el clima de inestabilidad política que llevó al 24 de noviembre de 1948. Una década después Caldera había cambiado. La experiencia de la dictadura militar, de las elecciones de 1952, del Plebiscito de 1957, del exilio, eran demasiado fuertes. Caldera estaba moderado, dialogaba. Caldera ya no era el mismo.

Los medinistas encontraron en URD y en Jóvito Villalba el refugio para desarrollar su particular manera de entender la democracia. Villalba fue un enemigo acérrimo del régimen octubrista. Su posición colaboró igualmente al canibalismo político de la época. Jóvito era observado como uno de los más importantes políticos durante la década precedente: en 1952 el triunfo de URD le fue arrebatado por una dura maniobra del régimen. En 1958 Jóvito Villalba se sentó a hablar con Caldera y con Betancourt en Nueva York sobre los rumbos que debía seguir la política venezolana. Villalba ya no era el mismo.

Por medio del Pacto los líderes de los partidos políticos se comprometían a:

  • Defender la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral.
  • Que el partido que triunfara en las elecciones de diciembre conformara un Gobierno de Unidad Nacional, con presencia de todos los partidos firmantes en el gabinete y un diálogo permanente con los dirigentes.
  • Un Programa Mínimo Común, que las tres organizaciones se comprometían a respetar en caso de alcanzar la presidencia.

Hubo un gran ausente dentro del Pacto de Punto Fijo. El Partido Comunista de Venezuela fue excluido del acuerdo por diversas razones: la dinámica de la Guerra Fría, el rechazo por parte de la Iglesia y de COPEI, y una especial animadversión de Betancourt contra el Partido Comunista de Venezuela.

El Pacto de Punto Fijo se rompió en abril 1960 cuando las distintas posiciones de los partidos frente al problema cubano llevaron a la salida de Ignacio Arcaya del gabinete y de URD de la coalición de Gobierno. Pero la cultura de diálogo político entre las elites de los partidos principales y de consenso se mantuvo hasta 1999.

En 1958 el pueblo estaba en la calle apoyando a sus líderes políticos. La democracia naciente daba sus primeros e inseguros pasos. En esa medida el Pacto de Punto Fijo fue positivo, necesario y hasta imprescindible para estabilizar un joven esquema democrático. La cultura del diálogo y del consenso que privó para la redacción y firma del tratado determinó un estilo particular que tendrían las relaciones en el seno de las elites políticas venezolanas. Salvo la exclusión de los comunistas y, posteriormente, de los distintos grupos guerrilleros (durante la primera década del régimen democrático), la cultura del diálogo y el consenso privó por encima del conflicto y de la intolerancia (que existieron) durante las cuatro décadas de régimen puntofijista.

 


http://politica.eluniversal.com/sic/170700b.html

Fecha de consulta: 4 de febrero 2001

Adiós al puntofijismo

Michael Penfold


Politólogo. Profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA)

Introducción

En Venezuela, el sistema de partidos que fue caracterizado por mucho tiempo como un sistema populista de conciliación de élites, basado en el espíritu del Pacto de Punto Fijo, ha colapsado definitivamente para abrirle paso a un nuevo esquema cuyas características aún desconocemos. Para explicar este colapso, un gran cúmulo de trabajos ha enfatizado la importancia de factores organizativos, en particular, las características de la estructura interna de partidos políticos como Acción Democrática (AD) y COPEI, que eran extremadamente jerárquicos y poco democráticos, y su efecto sobre las preferencias del electorado. Según este argumento, el exhaustivo control que los líderes partidistas ejercieron sobre sus miembros, acompañado de los efectos sociales de un bajo desempeño económico, hizo que los votantes comenzaran a percibir a los políticos como actores que no respondían a sus demandas, produciendo un gran descontento electoral que se transformó en un proceso de 'desalineación' (dealignment) electoral que permitió abrirle espacios a nuevos liderazgos políticos que lograron desplazar gradualmente a los liderazgos tradicionales. Argumentos similares han intentado enfatizar como el colapso del sistema de partidos se puede entender en función de la caída de los niveles de legitimidad del sistema político en general.

En este ensayo, se pretende criticar y complementar este tipo de explicación sin necesariamente recaer en argumentos vinculados a la caída de la legitimidad del sistema, y recurrir en cambio a otros dos factores que también permiten entender el colapso del sistema de partidos: el efecto de la caída del ingreso fiscal petrolero, que exacerbó muchas de las contradicciones iniciales del sistema democrático, y el incremento de la competencia electoral como producto de cambios en el sistema electoral y el inicio de la elección directa de alcaldes y gobernadores. La caída del ingreso fiscal petrolero erosionó el mecanismo utilitario sobre el cual se sostenían los arreglos institucionales del sistema democrático venezolano. Por otro lado, el incremento de la competencia electoral, como producto del inicio de las elecciones directas de gobernadores y alcaldes, y una serie de reformas del sistema electoral destinadas a aumentar la personalización del voto, dejaron en evidencia las contradicciones organizativas de los partidos políticos tradicionales. Estos partidos encontraron cada vez más difícil competir con estructuras altamente centralizadas en un país que comenzaba a tener elecciones en más de veinte estados y trescientos municipios.

I. Pactos, partidos y petróleo

El sistema de partidos venezolano, desde el inicio de la transición democrática en 1958 hasta finales de los ochenta, ha sido definido como un arreglo institucional fundamentado en un sistema populista de conciliación de élites. Este sistema giró en torno al espíritu del Pacto de Punto Fijo, en cuyo esquema los conflictos políticos debían ser resueltos consensualmente; estos acuerdos eran facilitados gracias a la abundancia de recursos provenientes de los ingresos fiscales petroleros y la adopción de arreglos institucionales que no eran puramente mayoritarios. Los tres aspectos más importantes de este arreglo político, que permitieron la consolidación de la democracia venezolana fueron: i) La selección de reglas de decisión que no fueran mayoritarias y la voluntad de incluir aquellos actores políticos que aceptaran obedecer las reglas diseñadas para regular la competencia electoral a cambio de beneficios económicos y políticos ; ii) El supuesto según el cual los conflictos podían, en última instancia, ser resueltos gracias a la existencia de mecanismos distributivos como el acceso a la renta petrolera y puestos de elección pública; y iii) La exclusión de ciertos actores y temas de la competencia electoral bajo el argumento que era necesario estabilizar la democracia a través de mecanismos no democráticos. El Pacto de Punto Fijo, de una forma no intencionada, fijó las raíces de una democracia que en el largo plazo estuvo caracterizada por la exclusión y la falta de amplitud.

La relación entre el Pacto de Punto Fijo, el petróleo y su efecto sobre el sistema de partidos, ha sido un tema ampliamente discutido por diversos autores. Terry Karl ha argumentado que el petróleo es la piedra de toque para poder explicar la caída de los sistema autoritarios en Venezuela durante el siglo XX, el surgimiento de las condiciones sociales para establecer un sistema de partidos bien cohesionado y el mantenimiento del pacto institucional que permitió fraguar exitosamente la transición democrática de 1958. Este tipo de argumento estructuralista, que reduce la importancia de la agencia individual y las instituciones, puede resumirse en una idea: sin petróleo no hubiese habido democracia.

Otros trabajos han enfatizado la importancia del petróleo, pero sin perder de vista los aspectos institucionales del proceso de democratización en Venezuela. Diego Bautista Urbaneja, esgrime que los partidos políticos, fundamentalmente Acción Democrática (AD), utilizaron el petróleo para construir la noción de 'pueblo' a través de su incorporación a las organizaciones políticas que permitieron eventualmente establecer un régimen democrático diseñado para permitir que a través del Estado el 'pueblo' accediera a los beneficios sociales y económicos derivados de la renta petrolera. Por otro lado, Juan Carlos Rey ha visto en el petróleo un mecanismo instrumental, más no estructural, para explicar el mantenimiento del sistema democrático y el sistema de partidos en Venezuela.

Aceptando el argumento que esgrime que los ingresos fiscales petroleros son tan sólo un mecanismo utilitario para permitir que la democracia perdure, ¿qué tipo de pacto, comparado con otros arreglos adoptados en otras partes del mundo, era el Pacto de Punto Fijo? ¿Qué tipo de estructura de conflicto estaba destinado a resolver para inducir comportamientos cooperativos para sostener la democracia? Adam Prezworski ha identificado tres tipos de pactos políticos: i) Pactos en los cuales la estructura de preferencias de los distintos actores hace que opten unilateralmente por una estrategia que sea óptima tanto desde el punto de vista individual como colectivo, en cuyo caso, los pactos no son realmente necesarios; ii) Pactos destinados a resolver problemas de coordinación entre los diferentes actores; y iii) Pactos cuyo objetivo es resolver aquella situación bajo la cual los distintos actores seleccionan estrategias que son racionales desde el punto de vista individual, pero que no producen resultados óptimos desde el punto de vista colectivo. En todos estos pactos, incluso, suponiendo que su existencia no sea necesaria, la democracia logra estar en equilibrio únicamente cuando todos los actores políticos, tanto ganadores como perdedores, aceptan las reglas que regulan la competencia electoral independientemente de las estrategias adoptadas por sus contrincantes.

Uno de los aspectos fundamentales del Pacto de Punto Fijo es que preveía la repartición de puestos entre los distintos partidos, tanto dentro del poder ejecutivo como legislativo, independientemente de los resultados electorales. El mejor ejemplo de esta regla, y la que se mantuvo durante 40 años, era aquella según la cual, aún teniendo la mayoría electoral en el Congreso, la presidencia del poder legislativo debía ser adjudicado al ganador y la vice-presidencia siempre debía ser otorgada al partido que llegara de segundo. La otra regla era la protección de arreglos proporcionales a la hora de adjudicar puestos públicos.

Sin embargo, el mecanismo más poderoso para el mantenimiento del pacto, y la dinámica que inducía sobre el sistema de partidos, era la utilización de los ingresos fiscales petroleros como un instrumento para modificar los beneficios obtenidos por los actores. Sin la renta petrolera, Venezuela hubiese tenido que optar por arreglos institucionales aún más consensuales para poder consolidar su sistema democrático o ampliar los mecanismos electorales para profundizar su sistema democrático hacia los estados y municipios.

No puede extrañarnos, que con la caída de los ingresos fiscales petroleros, que comienza a observarse durante la década de los ochenta, y que se acentúa durante los noventa, se haya producido la necesidad de buscar alternativas para 'desmontar' el Pacto de Punto Fijo y su sistema de partidos. Es precisamente durante esta época, la famosa década perdida de los ochenta, cuando las distintas críticas a los partidos políticos, por su propia estructura clientelar y poco democrática, comienzan a escucharse públicamente por parte de nuevos actores que criticaron abiertamente las ineficiencias del sistema. Se observa el surgimiento de peticiones para pedir una mayor democratización de los partidos políticos, se exige el inicio de la elección directa de alcaldes y gobernadores y se argumenta la necesidad de modificar el sistema electoral para incentivar la personalización del voto. Algunos autores han visto este momento histórico, como una época en la cual emergen nuevos actores en la escena política: es el famoso período renacentista de la 'sociedad civil' venezolana. Es el período durante el cual otros actores también comienzan a 'salirse' de las viejas estructuras políticas para buscar 'voz' en otras arenas electorales, sobre todo en la arena local y regional. También fue el momento en el cual los partidos tradicionales intentaron fundar nuevos pactos, todos demasiados similares al viejo fantasma puntofijista, como para ser exitosos, pues lo cierto era que los pactos revividos alrededor de los ingresos fiscales petroleros eran simplemente una imposibilidad económica.

Esta situación hizo que muchos actores dentro de la sociedad venezolana buscaran construir propuestas institucionales destinadas a reformar tanto la democracia como el Estado Venezolano. Se forma la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), en la que se convocó a todos estos nuevos actores para discutir con los partidos políticos tradicionales, lo que serían profundas reformas del sistema democrático venezolano.

II. El cambio de las preferencias electorales 1978-1999

El cambio de las preferencias electorales también es un elemento fundamental para explicar las transformaciones y el colapso del sistema de partidos venezolano. Este proceso se inició con el incremento de la abstención electoral que empezó a reflejarse, a partir de 1978, de una forma muy gradual, como un proceso de desalineación electoral que alcanzó su mayor nivel en las elecciones de 1993. Se comenzó a observar como los niveles de identificación partidista de AD y COPEI disminuyó y como un mayor número de votantes comenzaba a percibirse a sí mismo como independientes. Sin embargo, entre 1978 y 1988, este proceso de 'dealignment' electoral no se transformó en un proceso de 'realignment'. Los votantes, a pesar de estar retirando su apoyo explícito a los partidos políticos tradicionales, no lo estaban depositando en otra dirección. De hecho, durante este período, AD y COPEI mantuvieron entre 70 y 80% del total de votos para el Congreso

A partir de las elecciones de 1993, después de las dos intentonas golpistas de 1992, se inició un proceso de 'realignment' electoral -caracterizado por su volatilidad y por lo tanto inestable- de un mayor número de personas colocando sus votos fuera de los partidos políticos tradicionales. En las elecciones presidenciales de 1993, obtiene el triunfo Rafael Caldera, fundador de COPEI, pero sin el apoyo de su partido. En 1998, el triunfo lo obtiene Hugo Chávez Frías, quién había liderado el intento de golpe de estado de 1992, produciendo una ruptura, no sólo electoral, sino también institucional al convocar una Asamblea Constituyente en 1999. En las elecciones de 1993, AD y COPEI pasaron a recibir tan sólo el 43,45% de los votos para el Congreso, mientras que en 1998 estos dos partidos obtuvieron el 30,41% de los votos. Finalmente, en las elecciones para la Asamblea Constituyente, los candidatos de AD y COPEI tan sólo recibieron 7,89% de los votos.

Dos características fundamentales signaron este proceso de 'realignment'. La primera fue la personalización política. Venezuela comenzó a observar el surgimiento de movimientos anclados sobre liderazgos individuales, cuando hasta hacía poco la condición determinante de ese liderazgo era su carácter organizacional. Los liderazgos dentro de la historia democrática Venezolana habían emergido dentro de los partidos y no fuera de ellos. La segunda gran transformación fue la fragmentación de su sistema de partidos. Venezuela pasó de tener un sistema bipartidista casi puro, entre 1974 y 1994, a un sistema multipartidista altamente fragmentado e inestable. Para el año 1993, Venezuela pasó a tener más de cinco partidos efectivos dentro del Congreso. De hecho, para las elecciones de 1998, Venezuela era uno de los sistemas presidencialistas, junto a Brasil y Ecuador, con mayor fragmentación de su sistema de partidos en América Latina. Esta evidencia muestra que el sistema de partidos se estuvo movilizando durante la década de los noventa hacia una mayor fragmentación producto de un proceso de 'realignment' electoral caracterizado por su alta volatilidad.

III. Descentralizacion y sistema electoral

El inicio en 1989 del proceso de descentralización política y la reforma del sistema proporcional con listas cerradas para la elección de la Cámara de Diputados, constituye un factor, de carácter institucional, que contribuye a explicar las transformaciones y el eventual colapso del sistema de partidos en Venezuela. No sería exagerado afirmar, que la descentralización estuvo diseñada no sólo para profundizar el proceso de democratización, sino también para reducir, de manera indirecta, el poder de los actores políticos a nivel central, incluyendo el control de los líderes partidistas nacionales sobre las carreras profesionales de los miembros de los partidos políticos tradicionales como AD y COPEI. Por otro lado, la adopción de sistemas electorales mixtos, que incluían la posibilidad de elegir representantes en el Congreso a través de distritos electorales nominales, también contribuyó a disminuir el poder que tenían los líderes partidistas.

La descentralización fue vista, a través de las discusiones que se generaron en el seno de la COPRE, como un mecanismo eficaz para mejorar la rendición de cuentas y como un instrumento capaz de producir ganancias de eficiencia en la asignación del gasto público. Esta reforma prometía acercar a los ciudadanos a sus líderes regionales y locales una vez que los gobernadores y alcaldes comenzaran a ser electos directamente. Por otro lado, la descentralización fiscal prometía producir ganancias de eficiencia en la asignación del gasto público, permitiendo que la distribución de la oferta de bienes y servicios se aproximara a las verdaderas preferencias de los ciudadanos.

El efecto político de la descentralización sobre el sistema de partidos se materializó a través de dos mecanismos: i) el aumento de la competencia electoral dentro del sistema democrático y ii) la posibilidad de reelección tanto para alcaldes como gobernadores. El primer mecanismo imponía un verdadero reto para los partidos políticos tradicionales, que suponía cambios organizativos importantes para poder adaptarse al proceso de descentralización. Después de la aprobación de la ley para la elección directa de alcaldes y gobernadores en 1989, los partidos políticos debían comenzar a competir en tres arenas muy diferentes, cada una con su propia lógica, como lo eran las elecciones a nivel municipal, estadal y nacional. Este incremento en los espacios electorales tuvo como efecto generar presiones sobre las estructuras partidistas para iniciar un proceso de cambio interno de las organizaciones y la disminución de las barreras de entradas al sistema democrático. Aquellos partidos políticos que perdían elecciones a nivel nacional ahora podían tener la opción de optar por puestos públicos a nivel regional y local.

Porcentaje de Gobernaciones Obtenidas por Agrupación Política

La descentralización permitió que partidos emergentes como La Causa R y Proyecto Venezuela aprovecharan estas arenas regionales y locales para irrumpir en la escena política Venezolana. Otros partidos más establecidos como el MAS, lograron obtener una mayor presencia a nivel regional y local que a nivel nacional. Además, los partidos políticos tradicionales como AD y COPEI, e incluso el MAS, se hicieron más dependientes de los sistemas de alianzas para proteger sus liderazgos regionales.

El segundo mecanismo que tuvo un impacto sobre el sistema de partidos fue la reelección de alcaldes y gobernadores, el cual permitió que los gobernadores y alcaldes pudieran desvincularse con mayor facilidad de los intereses de los líderes partidistas. La continuación de sus carreras políticas no dependía exclusivamente del apoyo de los políticos a nivel nacional. El sistema de incentivos políticos que estableció la descentralización en Venezuela, hizo que los alcaldes y gobernadores tuvieran que rendirles cuentas a sus comunidades y no a los líderes partidistas. En este sentido, la descentralización le otorgó una mayor autonomía política a los gobernadores y alcaldes frente a los intereses de los políticos a nivel nacional.

Por otro lado, algunos partidos comenzaron a establecer estrategias claramente regionales. Por ejemplo, la Causa R se convirtió en un partido basado en el estado Bolívar. A partir de sus triunfos en esta arena electoral, este partido aspiraba ir conquistando otros espacios en el resto del país. Incluso, el gobernador del estado Bolívar entre 1989-1993, Andrés Velásquez, llegó a aspirar a la Presidencia de la República en 1993, obteniendo un buen desempeño electoral. En el Estado Carabobo, el gobernador Henrique Salas Römer, rompió con el partido COPEI, quien lo había apoyado para las elecciones regionales de 1992, para crear un partido regional llamado Proyecto Carabobo. Durante las elecciones de 1998, Henrique Salas Römer cambió el nombre de su partido y lo denominó Proyecto Venezuela para poder aspirar a la Presidencia, y tratar de derrotar a Hugo Chávez Frías.

La presencia de la reelección a nivel regional y local tuvo otra consecuencia que comenzó a observarse incipientemente durante la década de los noventa. Esta transformación tiene que ver con el cambio en las carreras profesionales de los políticos venezolanos. Antes, los políticos optaban por construir sus carreras dentro del partido y buscaban preservar sus puestos dentro de las listas cerradas para mantener su representación dentro del Congreso o los concejos municipales. Después del inicio de la descentralización, varios políticos optaron por construir sus carreras desde las localidades y regiones hasta alcanzar puestos públicos a nivel nacional.

IV. Conclusiones

El colapso del sistema de partidos en Venezuela es el resultado de una serie de cambios económicos y políticos que sucedieron durante la década de los noventa. La caída de los ingresos fiscales petroleros impidió continuar utilizando este mecanismo utilitario para inducir estrategias cooperativas entre los distintos actores. Esta caída puso en evidencia muchas de las contradicciones iniciales del sistema populista de conciliación de élites sobre el cual estaba basado el sistema de partidos Venezolano. Igualmente, el cambio de preferencias electorales es capaz de explicar el proceso de desalineación electoral, que se manifiestó en los altos niveles de abstención y la disminución de la identificación partidista hacia partidos como AD y COPEI. Este proceso comienza a mostrar signos de realineación electoral, una vez que aparecen en el escenario político alternativas a los viejos partidos, sobre todo después de las intentonas golpistas de 1992, que prometían romper con el pasado. Finalmente, el proceso de descentralización, a través del aumento de la competencia electoral y el mecanismo de la reelección, minaron las estructuras internas de partidos como AD y COPEI. Estos tres factores se combinaron para producir el colapso del sistema de partidos en Venezuela.